miércoles, 2 de mayo de 2012

Se aprueban reformas para castigar con penas de 40 a 60 años de prisión a quien por razones de género prive de la vida a una mujer.






* Concluyen las actividades del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de la LXI Legislatura.

La Cámara de Diputados terminó este lunes el periodo ordinario de sesiones correspondiente a la LXI Legislatura y lo hicieron aprobando por unanimidad la Ley General de Víctimas, con la cual se obliga al Estado a velar por la protección de las personas que sufrieron la violación a sus derechos humanos, o fueron víctimas de algún delito.

Contempla la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas que tendrá como objetivo establecer, regular y supervisar los planes, programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementan para la protección y acceso a la justicia y la reparación integral del daño, conformado por todas las entidades públicas federales, estatales y municipales, así como por organismos autónomos y demás organizaciones públicas y privadas encargadas de la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia.

También se crea el Registro Nacional de Víctimas como un mecanismo administrativo y técnico que rastreará todo proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos.

Se aprobó, la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de combatir a la delincuencia organizada y el lavado de dinero, protegiendo al sistema financiero y a la economía nacional, a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Los legisladores aprobaron la conformación de un Fondo Especial de Recursos para atender las Contingencias Climáticas Extraordinarias por un monto de 15 mil millones de pesos.
Dichos recursos serán para atender la crisis que registra la sequía en estados como Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y Michoacán, así como por las heladas en Tlaxcala, Puebla, México, Veracruz e Hidalgo e inundaciones sufridas en Tabasco y Colima. La reforma incluye recursos para atender contingencias en estados como Jalisco, Quintana Roo, Nayarit y el Distrito Federal.

Por otra parte, la Cámara de Diputados avaló el dictamen que expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de implementar medidas de prevención y protección a la vida, integridad, libertad y seguridad de este gremio.

Se contempla la cooperación entre la federación y los estados para garantizar la vida de quienes se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y en el caso de los periodistas su derecho al ejercicio de la libertad de expresión.

Entre las medidas de protección se incluyen la evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados, protección de inmuebles y las que se requieran parasalvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios.

En otro tema, los diputados aprobaron también reformas para castigar con penas de 40 a 60 años de prisión a quien por razones de género prive de la vida a una mujer. 
Estas reformas contra el Feminicidio, tienen como objetivo garantizar la justicia a las mujeres en los diferentes ordenamientos relativos a su atención ante un delito.

Se contempla que será la Procuraduría General de la República la responsable de crear una base Nacional de Información Genética que contenga la información personal disponible de niñas y mujeres desaparecidas a nivel nacional, la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan, y de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada y será la dependencia responsable de elaborar un registro público de los delitos cometidos en contra de este sector de la población.

Asimismo, votaron a favor de la nueva Ley de la Economía Social y Solidaria, la cual tiene por objeto “establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la Actividad Económica del Sector Social de la Economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado”, además “definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la Economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social”.

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