Actividades legislativas de la Cámara de Diputados
Esta semana se aprobaron reformas al Código Penal Federal que establece penas de tres a nueve años de prisión a quien cometa el delito de extorsión utilizando cualquier medio por personas que se encuentren en prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia privativa de la libertad.
Asimismo, decretaron reformas a la Ley de Puertos para modernizar el sistema portuario nacional con la participación de los sectores público y privado, y obtener mayor capacidad para aprovechar las ventajas que ofrece el transporte marítimo internacional.
También en otro tema, se decretaron reformas a la Ley General de Educación para que la jornada escolar en primaria y secundaria tenga una duración mínima de seis horas y máxima de ocho horas diarias. La jornada escolar deberá incluir el fortalecimiento de los aprendizajes sobre contenidos escolares, el uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación, el arte, la cultura, el desarrollo de hábitos de higiene y nutrición, entre otras.
Los legisladores aprobaron además la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, cuyo objetivo es proteger a quien por su participación en este tipo de procesos se encuentren en situación de riesgo o peligro. La información y documentación relacionada con las personas protegidas, será reservada y confidencial, en los términos que dispone la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Por otra parte, aprobaron reformas a la Constitución Política, a fin de regresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de resolver controversias en materia de conflictos sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas.
La Cámara de Diputados validó reformas para ampliar facultades a la Auditoría Superior de la Federación para el mejor control del ejercicio del gasto público, así como para reducir los plazos para la presentación de la Cuenta Pública. Establecen un Sistema Nacional de Fiscalización y se faculta al Congreso a expedir leyes generales para regular el funcionamiento de dicho sistema.
Los diputados, ratificaron reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas con el objetivo de otorgar becas de manutención, escolares y especiales a los hijos de los militares en activo que se encuentren cursando estudios a nivel medio superior y superior en escuelas pública.
Aprobaron también el expedir el Código Federal del Proceso Penal Acusatorio, el cual tienen por objeto establecer las normas que habrán de observarse en la investigación, persecución, procesamiento o sanción de los delitos federales, para contribuir a asegurar el acceso a la justicia, en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en pleno respeto a los derechos humanos, así como las garantías para su protección.
Se aprobaron modificaciones al Código Penal Federal, en donde las personas morales serán penalmente responsables de los delitos cometidos, por cuenta o a nombre de las mismas, por sus agentes, representantes legales, administradores, socios o accionistas.
La responsabilidad penal de las personas morales solamente procederá en los delitos contra la salud, de revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, aquellos cometidos por servidores públicos, en contra de las personas en su patrimonio, encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra el ambiente y la gestión ambiental, entre otros contenidos en el Código Fiscal de la Federación y la Ley de la Propiedad Industrial.
También reformaron la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y adiciona la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, considerando que en las facultades y obligaciones del Presidente de la Comisión Nacional se adiciona que este podrá solicitar a la Cámara de Senadores, a la Comisión Permanente, o a las legislaturas de las entidades federativas, se llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables, para explicar el motivo de su negativa a aceptar las recomendaciones emitidas por la Comisión.
Por último, fue aprobada la nueva legislación contra la Trata de Personas la cual tiene por objeto establecer competencias de los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y municipales, así como las formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de este tipo de delitos, establece los tipos penales y sus sanciones, determina los procedimientos penales aplicables, entre otras, pasando al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
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