Lo anterior con el objetivo de erradicar la violencia de género que se ejerce en el ámbito laboral y docente. Los legisladores coincidieron que estos cambios constituyen un paso más en la defensa de uno de los tres valores fundamentales que son: la vida, la libertad y la libertad sexual. Además con estas modificaciones los diputados esperan un incremento en la cultura de la denuncia garantizando que no existan represalias a los trabajadores o estudiantes que lo hacen.
Es importante destacar que con esta iniciativa se pretende establecer que el asedio será sancionado cuando se realice con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con respecto a la actividad que los vincule, sea laboral, docente, doméstica o de cualquier otra índole, con una sanción de 6 meses a 2 años de prisión y de 120 a 200 días de salario mínimo general vigente de multa; cuando se valga de su posición jerárquica será de 8 meses a 3 años de prisión y de 40 a 80 días multa; y si fuese servidor público se le destituirá de su cargo y se le inhabilitará por el mismo término de la pena de prisión impuesta. La pena se aumentara hasta en una mitad cuando se cometa contra personas menores de 18 años, que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo.
También esta semana los legisladores acordaron cerrar la puerta a la contratación de despachos de cobranza para la administración de los créditos del Infonavit, ya que estos afectan el patrimonio de los beneficiarios que se han quedado sin trabajo en los últimos años.
El dictamen prohíbe la venta de cartera vencida que también era una atribución de despachos subcontratados por el Instituto. De esta manera los diputados avalaron con 397 votos a favor, la reforma para que el Infonavit no pueda vender, ceder o adjudicar su cartera vencida; establecer de manera expresa que la privatización de ésta estará prohibida y que los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, deben estar sólo en beneficio de los trabajadores.
En otro orden de ideas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta para establecer prisión preventiva para los acusados de secuestro, hasta que se resuelva el proceso en su contra.
Por otra parte la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Educación para asegurar que el presupuesto destinado al ramo educativo no disminuya entre un año fiscal y otro.
La iniciativa contó con el voto a favor de 410 legisladores , con lo que el Pleno avaló el dictamen que establece que el Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales, deberán asignar suficientes recursos al sector educativo. La mayoría de los legisladores consideraron que con la reforma se dará un trato prioritario al financiamiento de la educación pública, como factor clave para lograr los objetivos de desarrollo.
Por último esta semana, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal se exente del pago por el consumo de energía eléctrica en las escuelas públicas en estados donde la temperatura supere los 30 grados centígrados. Lo anterior con el objetivo de garantizar un ambiente adecuado para que los alumnos puedan realizar sus actividades escolares en los planteles.
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