La Cámara de Diputados aprobó, el dictamen que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política , que faculta al Congreso de la Unión a expedir una Ley General en materia de Trata de Personas, informo la Diputada Federal por Jalisco, Joann Novoa Mossberger quién destacó la importancia de atender esta problemática que afecta principalmente a niñas, niños adolescentes y mujeres en nuestro país.
“Lo importante de este dictamen es que el delito de trata de personas estará al mismo nivel que el del secuestro buscando para ello combatir y eliminar en lo posible la explotación y abuso de infantes, mujeres y migrantes. Tenemos que crear políticas públicas que los protejan y que les de las garantías jurídicas de que no serán explotados”.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, para que la trata de personas se incorpore a los delitos graves, en los cuales el juez declara oficiosamente la prisión preventiva, cuando el imputado esté siendo procesado, con fundamento en la afectación social que produce el ilícito y el riesgo de que el sujeto activo se sustraiga de la acción de la justicia.
La modificación a la fracción V del apartado C del artículo 20 de la Carta Magna , incluye dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos por el delito de Trata de Personas, el resguardo de su identidad y datos personales, con el fin de que en el proceso penal se cumplan con las mínimas medidas de seguridad.
Finalmente, los cambios al artículo 73 otorgan las facultes necesarias para que el Congreso emita una nueva Ley General de la Trata de Personas.
Se precisa que la trata de personas requiere de un enfoque interdisciplinario y una participación más activa de los gobiernos e instituciones federales, estatales y municipales, conjuntamente con la participación de la sociedad civil.
Una vez que la Cámara de Senadores y al menos 16 congresos locales avalen los cambios realizados a la Constitución y éstos se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso mexicano y las legislaturas de los estados contarán con un plazo de 180 días para aprobar la nueva ley en la materia.
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